TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
En el periodo de la emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-19, se han venido presentando afectaciones en las relaciones laborales de los trabajadores tanto del sector público como privado, por lo que estos pueden exigir mecanismos de protección a sus derechos por parte el Estado, como el otorgamiento de medidas o programas de apoyo, como lo puede ser un seguro de desempleo, o cualquier modalidad que garantice su acceso al mínimo vital.
MIPYMES
La emergencia sanitaria que nos ubica en la actualidad, ha provocado una grave afectación a las pequeñas y medianas empresas, lo cual las ha colocado en un estado de vulnerabilidad al verse en la necesidad de paralizar o suspender las actividades que realizan por no estar consideradas dentro de la clasificación de actividades esenciales, emitidas por las autoridades competentes. Esta situación genera un estado de incertidumbre y riesgo inminente en que las mismas continúen operando, por lo que se requiere implementar acciones que ayuden a preservar los centros de trabajo, ya que son el sustento de muchas familias mexicanas.
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
Las personas que se encuentran privadas de la libertad, en centros penitenciarios o de reinserción social, requieren de una especial protección a sus derechos, que vigilen y aseguren las condiciones de salubridad en las que se encuentren, así como los servicios de salud que sean necesarios para atender sus necesidades durante la emergencia sanitaria para controlar y mitigar la propagación del virus COVID-19. Asimismo, bajo un panorama novedoso como lo es la Ley de Amnistía, implica la implementación de medidas que eviten el aumento de personas y por ende su concentración en los centros penitenciarios.
GRUPOS VULNERABLES
En el escenario de la emergencia sanitaria nos referiremos a personas o sectores que por características como edad, origen étnico, condición migratoria, desarrollo de actividad esencial, condición económica, entre otras, se encuentran en desventaja respecto del resto de la población, y que derivado de su misma condición requieren atención especial -y varias de las veces inmediata- para que disfruten de sus derechos, como por ejemplo a la salud, al mínimo vital, al interés superior de la niñez, a la igualdad, entre otros.
PRESUPUESTO. TRANSPARENCIA Y CORRUPCION
Por medio de la transparencia se genera la obligación que tiene el gobierno y algunos otros sujetos así considerados por la ley de comunicar y poner a disposición de la sociedad toda información (financiera, rendición de cuentas, estructural, estadística, de planeación, contratación, organizacional, por mencionar algunas) que sea de utilidad para dar seguimiento a las acciones y políticas desarrolladas en beneficio del goce de los diversos derechos con que cuenta todo ciudadano, y con este seguimiento social poder combatir o evidenciar actos de corrupción, que pongan en riesgo el disfrute de derechos como, a la salud, a la libertad de expresión o el derecho a saber.
PERSONAL MÉDICO
Sector de la población que durante la emergencia sanitaria por COVID-19, desarrolla la actividad primordial de contener el contagio y propagación del virus, y que para llevar a cabo su ejercicio profesional de manera óptima y sin mayores riesgos, necesita contar con todos los insumos y equipos de protección adecuados, de calidad y suficientes, para no poner en peligro el derecho a la salud y a la vida, de ellos, de sus familias y de la sociedad.